El escenario actual con el cierre de las explotaciones mineras de carbón y el inicio del desmantelamiento de las cuatro centrales de generación termoeléctrica ubicadas en la Comunidad conlleva que la política de reconversión de estos territorios se base en la implementación de las estrategias comunitaria, nacional y regional de transición justa.

Así, en febrero de 2021 el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros acordó constituir la Mesa Autonómica de Trabajo por la Transición Justa de Castilla y León y contar así con un instrumento de trabajo para los diferentes instrumentos de financiación para las provincias de León y de Palencia, las identificadas en el Mecanismo Europeo de Transición Justa y que coincide también con el ámbito territorial fijado en los convenios de transición justa.

El Plan Nacional de Transición Justa, que concretará las prioridades de inversión para estas dos provincias de la Comunidad, requiere de un proceso de negociación y diseño entre las Administraciones Central y Autonómica que se extenderá previsiblemente a lo largo del año 2022.

Además, la prórroga del plan, al igual que en la desarrollada en 2021, permitirá la finalización de proyectos e iniciativas puestas en marcha que aún no han terminado, así como el desarrollo de aquellas acciones en las que es imprescindible su continuidad en el tiempo, o bien otras en las que se considera su implementación.

La Junta de Castilla y León ha movilizado desde 2016, a través del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, recursos que suman 394 millones de euros, que se reparten entre distintas líneas de actuación en las comarcas mineras, así como instrumentos de financiación a través de la Lanzadera Financiera, Sodical y otras medidas de financiación a través de Incentivos Regionales y, finalmente, por fondos gestionados por el Instituto para la Transición Justa, anteriormente conocido como Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.