El Real Decreto-ley se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que el periodo del año hidrológico la reducción de precipitaciones con carácter general se ha situado en torno a un 40 por ciento respecto a las series históricas y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60 por ciento.

«Es una reducción muy significativa», destacó Planas, que explica que el real decreto ley incorpora cinco bloques que constituyen un «paquete potente» de medidas de respuesta para tratar de recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y cuya estimación de impacto se sitúa en unos 450 millones de euros.

Entre las medidas de carácter fiscal, se aprueba una reducción del 20 % del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos), una iniciativa que se estima que beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.

También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

En lo relativo a las medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, se aprueban medidas de liquidez con una línea de ayuda directa con un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector, además de avales en explotaciones agrarias y líneas de financiación de 2,7 millones de euros.

En cuanto al seguro agrario, se acordará, «a la mayor brevedad», las ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Además, el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), una de las medidas más reclamadas por el sector.

En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.

En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

Asimismo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas, que pasan de 35 a 20 para poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, que son los dos territorios más afectados, ya que las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana apenas alcanzan el 30 por ciento.