El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se ha reunido esta mañana con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión de Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) para abordar la nueva PAC (Política Agraria Común). Un texto, para el periodo 2023-2027, sobre el que el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado el trabajo conjunto de la mano del sector que ha llevado a lograr que la Comunidad mantenga unas percepciones anuales de importes similares a las vigentes en el actual marco regulatorio.
Durante el encuentro se ha presentado el resultado de los trabajos llevados a cabo por Castilla y León en la elaboración del Plan Estratégico PAC, cuyo documento inicial se remitió a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España el pasado 29 de diciembre. Un Plan que no es el que hubiera elaborado Castilla y León, ha trasladado Fernández Mañueco, quien también ha asumido que los intereses de la Comunidad no coinciden con los del resto de territorios. Ha lamentado que el texto comunitario suponga más exigencias medioambientales que no lleguen acompañadas de compensaciones para los agricultores y ganaderas.
En el Plan Estratégico se incluyen también las intervenciones territoriales que diseñan las Comunidades Autónomas y que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural. Castilla y León ha incluido actuaciones para el periodo 2023 a 2027 por importe de 1.176 millones de euros. En ellas se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, que contarán con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, además de inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Y destaca como novedad la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas.