De esta forma, la Junta se adhiere a la aplicación de medidas del Real Decreto-Ley 3/2022, de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos de obras del sector público, explica la Administración a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Esta medida del Gobierno Autonómico se aplicará a las Entidades Locales de Castilla y León y al resto del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León, siempre que así lo acuerden sus respectivos órganos de gobierno. Asimismo, se reclamará al Gobierno de España que esa revisión de precios se extienda al resto de tipología de contratos y materiales.

De esta forma, la Junta reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte de la administración autonómica que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, matiza el comunicado.

La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto "directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021".

Así, la Junta considerará que existe tal impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre del contrato, exceda del cinco por ciento del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021. El cálculo del aumento de precio se realizará suprimiendo del contrato, los costes distintos a los materiales citados.

Asimismo, la revisión excepcional no podrá ser superior al 20 por ciento del precio total de adjudicación del contrato, añade la Junta.

Esta medida es uno de los ejes recogidos en el documento de Iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, al objeto de impulsar una recuperación en la Comunidad

La revisión excepcional de precios se aprobará por el órgano de contratación tras la solicitud del contratista que deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar bien desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley o desde la publicación, si fuera posterior, de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre del año 2021.

Posteriormente, el órgano de contratación dictará una propuesta provisional indicando si procede reconocer la revisión excepcional de precios y la fórmula aplicable al contrato, que se trasladará al contratista en un plazo de 10 días hábiles para que presente alegaciones. Transcurrido el plazo, el órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de un mes, concluye el comunicado.