La ONG internacional explica que diversos estudios ya han demostrado la vinculación de la exposición a la violencia con el desarrollo de problemas de salud mental durante la niñez y adolescencia, resaltando además que la participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas.

Mientras la propia Ley del Menor establece que es un deber de todo menor "respetar a los animales", la estrategia del Gobierno castellanoleonés pretende, a su juicio, promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, "e incluso bonificando en diferentes porcentajes las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza".

El documento choca además con la Lomloe y los sucesivos decretos sobre ordenación y enseñanzas mínimas, que establecen entre sus objetivos que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. Todo ello resulta contradictorio con la promoción, fomento y divulgación de la caza entre los jóvenes, una actividad cimentada en el uso de armas añade la fundación.

En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU viene expresando su preocupación por la exposición de los menores de edad a actividades en las que hubiese cualquier forma de violencia, y en las que se utilizaran armas de fuego por parte de menores de 18 años, lo que, apunta la ong, "anhela Castilla y León con sus licencias de coste testimonial".

Con estos antecedentes Fundación Franz Weber censura que la propuesta autonómica supone una "banalización de la violencia y trivializar sobre el uso de armas de fuego empleadas para matar animales".

La Fundación naturalista ha avanzado una petición para que la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Gobierno central, tutele los derechos del menor en este ámbito o se pronuncie si esta actividad está en consonancia con los valores que pretende preservar para este sector social y si de acuerdo con sus competencias van a intentar conjugar todos los intereses, al menos, de los actores implicados, siendo los menores y adolescentes el colectivo más perjudicado, continúa el comunicado.

60 MUERTES DESDE 2010

Promocionar la caza entre jóvenes supone también "ignorar" la realidad de una actividad que ha causado 63 muertes en España en el periodo 2010-2020, mientras que otras 483 han sufrido lesiones de diversa consideración, añade la fundación.

"De acuerdo con esta política, hablamos de enseñar a chavales de solo 14 años a usar potentes rifles para matar animales. Es un hecho de extrema gravedad que se puedan dedicar recursos públicos para que niños adquieran armas de fuego", responsable de campañas de la ONG, señala Rubén Pérez.