El documento tiene solo ese carácter orientativo o de libro blanco, dado que las competencias básicas y de gestión son de las comunidades autónomas. La Estrategia hace mucha incidencia en la sostenibilidad de la caza, uno de los pilares básicos para defender una caza moderna y con futuro, como lo ha hecho la reciente Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León de 23 de junio de 2021, pionera y que ha constituido una importante innovación legislativa a nivel nacional. Pero, tal y como se ha insistido por Suárez-Quiñones, el objetivo fundamental de este documento hoy aprobado es servir para cambiar la percepción social negativa que tiene esta actividad en una parte de la sociedad, fundamentalmente urbana.

El consejero ha dejado claro el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sostenibilidad. Así, recordó que, tras lograr que dos sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Supremo avalaran la normativa de la caza en Castilla y León, las dos primeras ratificando la constitucionalidad de la modificación de la anterior Ley de caza, y la tercera avalando nuestra normativa reglamentaria, a pesar de ello se promovió por la Junta el dictado de una nueva Ley reguladora de la caza, moderna y adaptada a criterios estrictos de sostenibilidad, en la que esta Estrategia se apoya, que fructificó en la mencionada Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, Ley 4/2021, de 1 de julio.

Descoordinación del Gobierno en detrimento del medio rural

El consejero Suárez-Quiñones, no obstante, ha puesto de manifiesto en su intervención la descoordinación del Gobierno de España en la fijación de criterios orientadores para el diseño de políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente, pues frente a iniciativas como la Estrategia promovida por el Ministerio de Agricultura, que van en esa línea, otras acciones y actuaciones de otros ministerios y vicepresidencias van en sentido contrario. Esta incoherencia de las actuaciones llevadas a cabo por vicepresidencias y ministerios ha sido puesta en tela de juicio. Por un lado, la parte del Gobierno de España responsable de políticas de reto demográfico en materia de lucha contra la despoblación la mantienen en vía muerta y, por otro lado, apuesta por políticas que en nada favorecen el desarrollo rural, no estabilizan la población en los pueblos y no generan rentas rurales, sino lo contrario.

Normativa estatal de protección animal nociva para el medio rural

El consejero de Fomento y Medio Ambiente se ha referido en este sentido al Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, en el que se imponen unas condiciones muy duras para los cazadores y los ganaderos que quieran tener o criar sus perros como hasta ahora. Al igual que el también aprobado Anteproyecto de la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, que aplica un régimen penal a la muerte de animales vertebrados, no únicamente a los animales domésticos, domesticados, o que convivan con el hombre, sino que a ellos se añaden los animales en libertad y salvajes, aplicándose este régimen jurídico, por tanto, a las especies objeto de caza, en una regulación desproporcionada.

El consejero ha vuelto a incidir en el tremendo ataque a la ganadería y al medio rural que ha supuesto el incluir en el LESRPE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) a las poblaciones de lobo al Norte del Duero, no ya solo por su cambio de estatus cinegético, que Castilla y León ha llevado a los Tribunales, sino porque la nueva Orden Ministerial que regula los controles de lobo, prácticamente impide que las comunidades autónomas puedan autorizar cualquier tipo de captura o de control poblacional de ejemplares de lobos que causan habitualmente daños a la ganadería, es decir, a una pieza fundamental de la actividad económica del medio rural.

Estrategia desaprovechada para defender la importancia de la caza en España

Finalmente, el consejero señaló que la Estrategia Nacional de Caza suponía una oportunidad desaprovechada para una apuesta valiente y decidida por la defensa de la continuidad de la caza en España. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León se ha vuelto a recordar al ministro Planas que para apoyar esta actividad es imprescindible asegurar el relevo generacional de cazadores. Suárez-Quiñones considera que este reto es inalcanzable siempre que desde las administraciones públicas no se garantice que la actividad de la caza entre los niños y jóvenes es una opción normalizada y cree que no incorporar al currículum del sistema educativo español la promoción de la actividad cinegética, reforzando el conocimiento de la cultura cinegética y sus beneficios sociales, económicos y ambientales, ha sido una oportunidad perdida de esta Estrategia Nacional de la Caza.

A pesar de que el documento incorpora en alguna de sus partes demandas de sectores animalistas, la propuesta de la Junta de Castilla y León ha sido posicionarse a favor, puesto que, si bien de forma muy tímida, la Estrategia supone un avance y un reconocimiento de la actividad cinegética, aunque con la sensación de que se podría haber hecho mucho más.