La institución provincial argumenta en su reclamación que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 1 de marzo el Real Decreto-ley 3/2022, por el que se fijan medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Este Real Decreto-Ley abre la posibilidad de llevar a cabo una revisión extraordinaria de los precios en los contratos públicos de obras con el fin de compensar a los empresarios que han contratado con la Administración, “cuando tales contratos se hayan visto afectados en los casos en que el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021”.

“Esta Diputación de León no es ajena a estos hechos, así como a las dificultades por las que atraviesan los distintos sectores económicos y sociales de la provincia, problemática respecto de la cual pretende ser sensible atendiendo a la demanda que desde estos ámbitos se le ponen de manifiesto con ocasión de la ejecución de los compromisos contractuales adquiridos por las empresas”, expone la institución provincial en su petición a la Junta.

La Diputación de León considera que el impacto económico de estas medidas es “claramente positivo para el sector y conllevará una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica en un momento especialmente importante en el que se está ejecutando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Sin embargo, no se prevé la aplicación directa de la norma al ámbito de la administración local, por lo que la Diputación se ampara en el propio texto legal en cuya exposición de motivos se expresa que “la revisión excepcional de los precios de los contratos del sector público que se recoge en esta norma, …podrá alcanzar al ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales existentes en su territorio mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada Comunidad Autónoma”.

“Ello permite deducir que sería posible aplicar a los contratos de obras formalizados por esta institución provincial si así fuera acordado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, argumenta la Diputación en su escrito.