Los hechos se produjeron el sábado pasado y ya habían tenido antecedentes similares en el año 2020. Un celador de la reserva regional de caza de Riaño comunicó la presencia de tres personas que estaban realizando presuntamente caza ilegal portando un arma con silenciador para batir a un rebeco. Esta práctica está prohibida.

La Guardia Civil se personó en la zona y posicionada desde un lugar donde podía ver los tres individuos desde una collada, se mantuvo en contacto con el celador, quien advirtió de que se disponían a abatir otra pieza tras abandonar el lugar con la cabeza de un rebeco muerto. De las primeras investigaciones se deduce que dos personas eran civiles, un padre y una hija con domicilio ambos en Valladolid. El tercero era un guarda del medio natural de Asturias, que según informa La Nueva España, ya había sido sancionado en otra ocasión por prácticas similares.

El celador advirtió que los tres furtivos se habían puesto a cubierto para salir corriendo en dirección supuestas ya sin el arma. El Seprona bloqueó la salida natural del lugar por la vertiente leonesa y al ver que los individuos se dirigían hacia el lado asturiano levantaron el dispositivo tras identificar los vehículos.

El guarda mayor de Riaño advirtió al de Ponga de la sospecha de actividad cinegética ilegal en la zona fronteriza y se avisó a la guardia civil de Asturias. Desde Riaño se advirtió de una posible huida de los sospechosos por Ventaniella, en la vertiente de ponga y se envió su fotografía a los agentes para su posible identificación.

Ante la maniobra evasiva de los cazadores furtivos, los agentes se desplazaron hacia la salida de Arcelorio, tras ser advertidos desde Riaño, pero se les perdió la pista.

En torno a las 17.40 horas se identificó en Ventaniella a un individuo que resultó ser guarda natural del Principado destinado en Ponga que además ya había sido identificado en la vertiente leonesa por los guardas de la Junta de Castilla y León. Por estos hechos, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias ya ha abierto la correspondiente sanción disciplinaria y administrativa, que se sumará en el caso del guarda asturiano a la que ya acumulaba por antecedentes similares, pese a que, de momento, el sospechoso mantiene su actividad en el Parque Nacional de Ponga. La Guardia Civil ha elaborado el atestado correspondiente, que se sumó al informe redactado por los agentes de medio ambiente de la Junta de Castilla y León.

La acción judicial trata de poner coto a presuntas prácticas ilegales que según se sospecha, tienen lugar en los límites entre el Principado de Asturias y la provincia de León. Por lo visto, los cazadores furtivos pagan cantidades de miles de euros para que agentes del medio natural de Asturias supuestamente les guíen hasta manadas de machos de forma ilegal, con el fin de procurarles una mejor oportunidad de caza.

Algunos de los agentes sospechosos de este tipo de prácticas ya han sido sancionados, pese a lo cual continúan en activo. La acción de la justicia trata de poner coto a este tipo de prácticas y devolver el orden natural a la zona, circunstancia que afecta de forma indirecta a la Montaña Oriental leonesa.