En comparación con los miles de ERTE y de empleos que esta figura ha salvado durante los últimos 22 meses la cifra es nimia, tal y como coinciden en asegurar sindicatos y patronal, que sin embargo abogan por “perseguir a los tramposos”, tanto desde el punto de vista empresarial como del trabajador. Además, más allá del importe de la sanción que se impone cuando se detecta un ERTE falso, se obliga a la empresa a devolver la cantidad entregada por el Estado al empleado y a la firma a reintegrar las cuotas a la Seguridad Social que se ha ahorrado. Y por ende, debería abonar la nómina del paro que durante la vigencia del expediente pagó el SEPE.

“Hay que volver para atrás todo el proceso, como si no hubiera pasado, pero con una multa de por medio”, expresa el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, quien también explica que es necesario conocer en cada caso si el trabajador “es consciente”. “Es competencia desleal frente a los empresarios que sí han cumplido”, matiza el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Fraile.

En León, con 89 ERTE en expediente, es donde se suma la mayor cifra económica defraudada con 491.000 euros, es decir, un 35 por ciento de las sanciones monetarias, algo que los sindicatos achacaron al importante peso del sector servicios y la construcción, que han aglutinado la mayor parte de los expedientes y, por tanto, obviamente, de las infracciones.

Algunas voces sostienen que la acción es diferente si el trabajador tenía o no conocimiento del fraude, ya que se puede dar el caso de que cobrara el 70 por ciento del paro más lo que le pagaban en B por seguir trabajando. Pero también puede ocurrir que lo desconociera y la empresa absorbiera todo el montante. “Durante todo el confinamiento habíamos detectado que algunos sectores lo hacían. Si el trabajador que iba a trabajar tenía claramente una cotización y encima cobraba el paro, también ha cometido fraude”. Una situación que se ha observado en la construcción y la hostelería, principalmente.

Son las pymes y aquellos sectores que más tarde han salido totalmente de los ERTE los que más han cometido este delito: “Muchas veces los trabajadores aceptaban presionados”, defiende. Además de la sanción económica, las empresas dejarán de recibir subvenciones públicas en varios años, en función de la gravedad del fraude.

Además, las infracciones inicialmente constatadas, responden a un amplio abanico, desde leves a muy graves, aunque todas susceptibles de impugnación administrativa y judicial. Se hace necesario es desarrollo de un análisis de cada situación, dado el contexto de “urgencia e incertidumbre para los muchos empresarios que vivieron y siguen viviendo una situación crítica”.