El citado decreto había sido recurrido por el Partido Animalista y como parte demandada figuraba la Junta de Castilla y León y como codemandadas la Fundación Artemisan y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

La sala del Tribunal declaró nulo de pleno derecho el nuevo decreto porque en su elaboración se emitió un informe preceptivo del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, adoptado cuando la composición del mismo «había sido declarada ilegal por esta misma Sala», en sentencia de 29 de diciembre de 2017, por vulnerar «un pilar fundamental en materia medioambiental» como es el derecho de participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.

Asimismo, la sentencia considera que se ha vulnerado el principio de transparencia al no ponerse a disposición de los miembros del órgano asesor, el 15 de diciembre de 2017, antes de la reunión en la que debían exponer las razones por las que informan en uno u otro sentido la norma que se les remite, los datos e informes científicos que sirven de base al proyecto de decreto, que es muy técnico como dicen las asociaciones civiles y la federación de caza.

Los representantes de Ecologistas en Acción, de SEO/Birdlife y de la Federación de Caza de Castilla y León pusieron de manifiesto ya entonces la necesidad y conveniencia de tener esos informes porque el proyecto de decreto era muy técnico y difícil de valorar si no se tenía la información base.

El decreto modificó uno anterior que vio anulado varios de sus preceptos por el mismo Tribunal, si bien posteriormente se levantó parcialmente esta nulidad tras estimar el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León.