La máxima responsable de la Administración central en Castilla y León, Virginia Barcones, ha puesto en valor la "apuesta decidida del Gobierno de España por defender el empleo en los pueblos. En este caso el de los trabajadores eventuales agrarios por cuenta ajena".

Para ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destina a Castilla y León este año casi 5 millones dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto a la partida del año pasado. Este programa hace posible que los temporeros del campo, tengan un empleo también en el medio rural donde residen los meses en los que no hay trabajo.

De esta manera pueden realizar obras de interés general, mejoras urbanísticas o dotacionales en sus municipios y completan así sus ingresos sin necesidad de buscar empleo en otros lugares.

Precisamente, Barcones, acompañada por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, y el coordinador territorial del SEPE en la Comunidad, Francisco de Lucas, ha presidido esta mañana la Comisión Autonómica de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario en las Zonas Rurales Deprimidas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta reunión ha servido para ratificar por unanimidad la distribución provincial del crédito para 2022 con el que cuentan las cuatro provincias de CyL que están incluidas en el programa: Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. El crédito para toda España asciende en 2022 a 271,5 millones, un 5%--casi 13 millones--sobre lo distribuido en 2021.

Y por lo que se refiere a Castilla y León, le corresponde 4.906.595 euros, mientras que el año pasado fueron 4.672.948 euros. La distribución por provincias de estos 5 M€ es la siguiente: 1,6 para Ávila, 1,5 para Salamanca, un millón para Valladolid y 733.000 euros para Zamora.

La distribución de esta cantidad se realiza tomando como referencia el indicador histórico en un 85% y el indicador del mercado de trabajo en un 15%.

UN TOTAL DE 903 CONTRATADOS EN 2021

En 2021, gracias a este programa y a los casi 4,7 millones que destinó el Gobierno de España para Castilla y León, fueron contratadas 903 personas, de ellas 377 en Ávila, 270 en Salamanca, 161 en Valladolid y 95 en Zamora.

Este programa, que se regula en un Real Decreto de 1997, se aplica en el marco territorial de los consejos comarcales, con el fin de crear y mejorar infraestructuras que posibiliten el asentamiento de actividades productivas generadoras de empleo.

En Castilla y León estos Consejos Comarcales son los de Arenas de San Pedro (13) y Arévalo (32), en Ávila, en total 45 municipios; Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, con 31 municipios; Medina del Campo, en Valladolid, con 27 municipios; y Toro, en Zamora, consejo comarcal del INE que engloba a 22 municipios, con lo que en total engloba a 125 municipios en la Comunidad.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona de forma directa el SEPE. Su ámbito de actuación son los consejos comarcales de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y de las zonas rurales deprimidas, en las que se incluyen: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, además de las cuatro provincias mencionadas de la comunidad autónoma de Castilla y León.

TRABAJADORES AGRÍCOLAS DESEMPLEADOS

El Gobierno de España, a través del SEPE destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.

Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.

Este programa apoya el mantenimiento y creación de infraestructuras en los ámbitos locales, a la vez que supone una garantía de acceso al empleo y rentas de las personas trabajadoras en épocas fuera de campañas agrícolas, lo que redunda en una mejora de condiciones para los municipios y sus habitantes.

En este órgano colegiado que ha presidido hoy la delegada participan el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), el director del Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno, representantes de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos inversores, un responsable de la Federación Agroalimentaria de CCOO, un representante de la Comisión Ejecutiva de UGT en esta comunidad autónoma, un representante de la Unión de Campesinos, un representante de la CEOE y el coordinador territorial del SEPE, que actúa como secretario.