El documento elaborado por el MITERD, una vez más sin el consenso previo con las comunidades autónomas, se ha realizado sin la preceptiva evaluación de las medidas recogidas en la actual estrategia, sin contar con censos actualizados a nivel nacional y sin incorporar la documentación técnica facilitada desde las cuatro CCAA que albergan más del 95% de los lobos de España.

En este sentido, tal y como estas comunidades han comunicado al ministerio, se vulneran otros aspectos fundamentales, como que el propio título del borrador, que no se ajusta a los objetivos establecidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para las estrategias de especies amenazadas, y que no consta la autoría del documento, por lo que no se puede acreditar su solvencia técnica y científica. Además, han señalado que en su contenido se vulnera el régimen competencial actual.

Las cuatro comunidades autónomas del noroeste de España censuran también que el documento, estigmatiza al sector ganadero, con valoraciones sin rigor que para nada favorecen rebajar el conflicto para avanzar en la coexistencia con la especie, y que contradicen los datos técnicos y científicos recabados en los planes de gestión de las estas comunidades, en las que el lobo cuenta con un estado de conservación favorable.

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia ya anunciaron el pasado mes de septiembre la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Orden ministerial que determina la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), y solicitaron el establecimiento de medidas cautelares con el fin de suspender la eficacia de la norma en tanto se resuelve este procedimiento.