Barcones, por videoconferencia y acompañada de forma presencial en la sede de la Delegación por el subdelegado en Valladolid, Emilio Álvarez, y por alta inspectora de Educación, Nieves Gómez, ha informado precisamente sobre el apoyo del Gobierno de España para impulsar el Plan de Modernización de la FP y para la Formación Profesional dirigida a trabajadores, ocupados y desempleados.

Tras destacar que "este Gobierno tuvo clara la importancia de la Formación Profesional desde el primer momento, no es casualidad el nombre de FP en el título del Ministerio competente", Barcones se ha referido al Consejo de Ministros, en el que se aprobó la distribución de 1.200 millones de euros entre las comunidades autónomas para impulsar la FP, y en concreto a los 81 millones que recibirá la Junta de Castilla y León.

"Por una parte, el Consejo de Ministros de ayer dio luz verde a la distribución de más de 27,6 millones de euros a nuestra comunidad autónoma para la modernización de la Formación Profesional, en el marco del Plan de Recuperación. Y, además, por otra parte, aprobó la inversión de otros 53,3 millones de euros para la FP de trabajadores, ocupados y desempleados durante 2022".

PLAN DE MODERNIZACIÓN EN EL PRTR

El Plan de Modernización de la Formación Profesional recibe del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un total de 393 millones de euros para toda España en el presente año.

De los cerca de 28 millones destinados a Castilla y León este año para la modernización de la Formación Profesional, casi 17 millones persiguen impulsar el nuevo modelo de evaluación y acreditación permanente de competencias profesionales.

Entre los 11 ámbitos estratégicos en los que se desarrolla el plan de modernización, figura la apuesta del Gobierno por este procedimiento, cuya convocatoria será permanente, de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral.

MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORES NO ACREDITADO

"Según la EPA, más de diez millones de personas en España, el 46% de la población activa, unas 500.000 personas en Castilla y León, carece de acreditación profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y condiciones laborales, así como su incorporación a la formación.

En diez años, tan solo 300.000 personas en España han podido acreditar sus competencias siguiendo el procedimiento antiguo", ha asegurado la delegada del Gobierno.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional destina además 5,6 millones de euros a Castilla y León para la creación de nuevas plazas de Formación Profesional para el curso 2022-2023, que se sumarán a las que la comunidad autónoma genere con sus propios fondos.

Barcones ha recordado que el Gobierno de España ha financiado ya más de 6.500 plazas de Formación Profesional en Castilla y León en los dos cursos anteriores. El objetivo fijado en 2020 era crear 200.000 plazas de Formación Profesional en cuatro años en todo el territorio español.

"Estamos convencidos de que se va a lograr con creces. Añado aquí que solo en 2021, el Gobierno al que represento en Castilla y León destinó 81 millones de euros a la FP en nuestra comunidad autónoma", ha recordado la delegada.

La inversión aprobada ayer por el Consejo de Ministros recoge fondos destinados a la conversión de ciclos de grado medio, grado superior y cursos de especialización en bilingües. Para ello, la Junta de Castilla y León recibirá otros 4 millones de euros.

Otro de los 11 ejes de actuación del Plan de Modernización es la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, para lo que nuestra comunidad autónoma recibirá 798.600 euros.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional también asigna este año 420.000 euros a Castilla y León para la creación de aulas de emprendimiento.

De esta manera se potencian los recursos para que los estudiantes impulsen sus propios proyectos empresariales facilitándoles los medios y una orientación profesional que les ayude a alcanzar sus objetivos.

La distribución entre las CCAA se lleva a cabo a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros.

Estos fondos serán sometidos a aprobación definitiva en la próxima Conferencia Sectorial de Educación.