Moreno entiende que se presente un contencioso si la junta vecinal considera que los pastos son de su propiedad y «que sea un juez el que decida». Pero lo que no justifica es que la junta vecinal «pida medidas cautelares para que no se adjudiquen esos pastos. Estas medidas cautelares tienen unas consecuencias, y es que los ganaderos de Riaño a los que se les ha adjudicado pastos no podrán utilizar esas hectáreas. Además, la paralización acarrea que el Ayuntamiento no ingrese el dinero correspondiente por el alquiler de esos pastos.

Paralelamente, la junta vecinal de Riaño ha publicado un escrito en que señala que en 1993 aportó al Ayuntamiento de Riaño una cantidad de dinero que el municipio necesitaba y, en contraprestación, el Ayuntamiento cedía, hasta la devolución del dinero, el aprovechamiento de los pastos de los montes de utilidad pública número 521, 530 y 998. «No habiéndose producido hasta la fecha la devolución total del dinero, el Ayuntamiento pretende incumplir su compromiso disponiendo del aprovechamiento de estos pastos para su adjudicación a ganaderos de fuera». La junta vecinal argumenta así que es el legítimo propietario de los pastos.

El ayuntamiento recuerda que en ese acuerdo de 1993 en que la junta vecinal de Riaño dejaba un dinero al Ayuntamiento y mientras este no devolviera la junta vecinal disponía de esos terrenos «fue un acuerdo de pleno en que se deja un dinero al Ayuntamiento y la junta vecinal gestiona esos pastos. Pero ese acuerdo de pleno no se plasmó en un convenio firmado por las dos partes. Años más tarde en un nuevo pleno se indicó que esto no servía y que los pastos los gestionaba el propio ayuntamiento.