Esta decisión llega después de que el pasado viernes las cuatro regiones que albergan más del 95% de las poblaciones de lobo de toda España solicitaran formalmente al presidente de la Comisión estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad su retirada del orden del día, al considerar que el borrador de Estrategia carecía del mínimo rigor técnico, “imprescindible en un documento de tal calado”.

Además, denunciaban que muchos de sus contenidos parten de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio y también de que dichos contenidos podrían vulnerar el régimen competencial autonómico, y por lo tanto, resultar eficaces.

A esta situación se suma el hecho de que se constituyó sobre una decisión unilateral adoptada por el Ministerio sin contar con el consenso de las comunidades autónomas que albergan la especie.

Castilla y León, junto con Asturias, Cantabria y Galicia consideran que la validez de la Estrategia “queda en entredicho”, al tratarse de un documento que se elaboró sin el consenso de las comunidades loberas, que presenta “grandes fallos”, y que fue concebida por el Gobierno central “únicamente como un medio para instrumentalizar una pretendida gestión centralizada de la especie por cuestiones meramente ideológicas y sin ningún sustento técnico”.

No obstante, las cuatro autonomías aseguran que continuarán estableciendo en sus presupuestos el crédito necesario para habilitar las órdenes de ayudas destinadas a paliar y compensar los daños que provoca la fauna silvestre.

La reunión de ayer de la Comisión también ha servido para tomar la decisión de no aprobar el acta de la reunión del 4 de febrero de 2021 de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que se debatió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Otro de los puntos del Orden del día era el informe de la Comisión sobre la estrategia de conservación de las aves esteparias, que también quedó sobre la mesa, al ponerse de manifiesto discrepancias en el texto de algunas comunidades autónomas y no contar el texto presentado con el conforme de los responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.