Este presupuesto, que en los próximos días se oficializará con la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es el más alto desde el año 2011 y supone un incremento del 5,74% respecto al presupuesto anterior, con 8,2 millones más. El área social representa un 28,2% de las cuentas con 42,9 millones, 2,4 millones más que en el anterior ejercicio. Para proyectos de cooperación con ayuntamientos y juntas vecinales, se prevén 47 millones en transferencias corrientes y de capital destinados a generar servicios e inversiones. Además, se han consignado 13 millones para la mejora de las comunicaciones terrestres y digitales, así como para el desarrollo económico y laboral de las pequeñas poblaciones. Por otra parte, el desarrollo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEIS), que como ya se ha avanzado estará funcionando este año, cuenta con una partida de 10,5 millones.

Entre las novedades del presupuesto de este año se incluyen nuevas líneas de ayudas que faciliten la prestación de servicios, así como la dinamización económica de las poblaciones más pequeñas. En este sentido, además de mantener el Plan de Empleo de la Diputación, se va a subvencionar a las pequeñas y medianas empresas que contraten a personas jóvenes con contratos indefinidos o de larga duración en el medio rural. La apuesta por la creación de empleo en el mundo rural se completa con otras nuevas líneas de actuación en materia de emprendimiento y formación, como la que se propone desarrollar la figura de asistente personal que se recoge en la Ley de Dependencia de cara a crear puestos de trabajo y apoyar a las personas mayores que quieren seguir viviendo en su pueblo.

El programa para apoyar a los jóvenes que adquieran o rehabiliten viviendas duplica su partida tras el éxito de la primera edición. Asimismo, para paliar la exclusión financiera del medio rural se concretan tres líneas de ayuda: por un lado, la previsión de instalar, inicialmente, 35 cajeros multi entidad en pueblos que actualmente no tienen acceso a ninguna entidad bancaria; por otro, la licitación pública de una oficina móvil para que una empresa autorizada realice servicios bancarios en distintos puntos del territorio, y, finalmente, una línea de subvenciones a los ayuntamientos para que puedan facilitar oficinas a las entidades que quieran prestar atención presencial.